El Ministerio de Trabajo y Economía Social anunció este martes que en abril el número de personas que reciben prestaciones por desempleo se situó en 1.515.513, lo que representa una caída del 12,7% respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, esta cifra no coincide con la que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que para ese mismo periodo registra 1.739.801 beneficiarios, un 0,24% más que hace un año. Esta diferencia de 224.288 personas revela un desfase burocrático que arrastra ya varios meses.
El origen de esta discrepancia se encuentra en la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2024, del 21 de mayo, que introdujo medidas para simplificar y mejorar el sistema de subsidios por desempleo. Aunque la norma fue convalidada por el Congreso en junio de 2023, no empezó a aplicarse hasta el 1 de noviembre para las nuevas solicitudes. Desde entonces, los beneficiarios incorporados bajo este nuevo marco legal explican, precisamente, esa diferencia en los datos.
La demora entre la aprobación de la norma y su aplicación buscaba dar tiempo a los servicios públicos de empleo para adaptarse, incluyendo la actualización de los sistemas estadísticos. Sin embargo, parece que el Ministerio no ha concluido esa tarea y, medio año después, sigue sin reflejar en sus series oficiales la totalidad de los beneficiarios. Aunque este desfase no afecta al reconocimiento ni al pago de las ayudas, genera dos bases de datos oficiales distintas: la del propio Ministerio y la del SEPE.
No se trata de una manipulación intencionada, pero sí de una situación que genera confusión. Desde noviembre, el Ministerio advierte en notas al pie que sus cifras no incorporan todavía los subsidios sujetos a la nueva normativa. En lugar de integrarlos en las estadísticas globales, ha optado por presentar los datos de estos nuevos beneficiarios de forma separada, lo que complica la interpretación general de los números. Esta práctica recuerda a otras polémicas, como la relativa al tratamiento estadístico de los fijos discontinuos.
El informe que acompaña a la nota de prensa mensual sobre el paro ilustra bien el problema: omite a estos 224.288 beneficiarios en el apartado de prestaciones, lo que distorsiona no solo la cifra total de personas que perciben el paro, sino también otros indicadores clave como el número de solicitudes (que refleja una caída del 24,2%), las altas (con un descenso del 21,8%) y el tiempo medio de tramitación (que sube un 50%, hasta los 1,9 días). Según los datos publicados, el número de beneficiarios de subsidios en abril fue de 610.964, un 23,5% menos que el año anterior. Pero si se incorporan los datos omitidos, el total asciende a 835.252, lo que supone en realidad un aumento del 4,6%.
Este desfase también altera un indicador relevante: el porcentaje de prestaciones contributivas (más generosas) sobre el total de ayudas, que en abril se situó en un inédito 54,89%, el más alto desde 2012. Pero este récord es engañoso, ya que se basa en una cifra incompleta, al no contar con los nuevos subsidios. Si se incluyeran, ese hito no se habría alcanzado.
¿Implica esto que el Ministerio está ocultando estos subsidios para mejorar sus estadísticas? No, y ahí está lo paradójico: los beneficiarios sí figuran en el informe técnico, con sus propias cifras de solicitudes, altas y prestaciones mensuales en 2025. Además, se incluyen en los datos sobre gasto en prestaciones, que aumentó un 5,7% en términos generales y un 12,5% en los subsidios, así como en la tasa de cobertura, que ha subido al 74,1%. De hecho, en la reciente comparecencia del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se dio relevancia a estos indicadores, mientras se evitó hablar del número total de beneficiarios, lo que sugiere que el Ministerio no está tratando de aprovechar esta incongruencia.
Sin embargo, esta omisión en los datos agregados sigue siendo difícil de justificar. En la sección de Estadísticas sociolaborales de la web del Ministerio tampoco se reflejan estos perceptores. Los informes explican que no están adaptados a la nueva normativa y remiten al SEPE como fuente para los «datos actualizados».
El SEPE, por su parte, sigue publicando las cifras bajo el modelo anterior a noviembre, lo que ha generado una divergencia inédita entre dos series estadísticas que deberían coincidir y que ni siquiera durante la pandemia llegaron a mostrar este nivel de discrepancia.
(El Economista, 04-06-2025)
